Lo que comenzó como una celebración por el sorteo especial del Día de la Madre, terminó convertido en uno de los escándalos más sonados del año en la Lotería de Medellín. El pasado 9 de mayo de 2025, el premio seco de mil millones de pesos cayó en manos de una mujer que, poco después, fue identificada como la esposa de Rubén Darío Callejas Gómez, quien hasta entonces se desempeñaba como subgerente comercial de la entidad y era excandidato liberal a la Asamblea de Antioquia.
La coincidencia despertó toda clase de sospechas. Aunque el sorteo 4782 fue transmitido con normalidad, la revelación del vínculo entre la ganadora y el alto funcionario encendió las alarmas dentro y fuera de la entidad, desatando un intenso debate sobre la transparencia, los conflictos de interés y los límites entre lo ético y lo legal.
La Junta Directiva de la Lotería ordenó una auditoría forense urgente, revisando durante diez horas los videos de seguridad, sistemas informáticos y mecanismos de validación. El informe técnico concluyó que no hubo ninguna irregularidad: el billete fue adquirido legalmente, no se alteraron procesos y no existieron privilegios.
Sin embargo, para la opinión pública, las explicaciones no fueron suficientes. En medio del creciente escándalo, Rubén Darío Callejas renunció a su cargo el 26 de mayo, afirmando en un comunicado que su “dignidad había sido vulnerada” y que no se le había respetado su derecho a la presunción de inocencia.
En un intento por calmar la controversia, la ganadora del premio decidió hablar públicamente. En una entrevista radial defendió con firmeza la legitimidad de su participación. “Compré mi billete como cualquier colombiano. Me gané la lotería limpiamente. Lo que está pasando es injusto”, declaró. Y lanzó una pregunta que aún resuena en la opinión pública: “¿Acaso las esposas de los funcionarios no pueden jugar la lotería?”
La controversia no se limitó al ámbito regional. El presidente Gustavo Petro se pronunció desde la Casa de Nariño, solicitando explicaciones públicas. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si existió alguna falta disciplinaria o conflicto de interés, aunque hasta la fecha no hay cargos formales ni evidencias de delito.
El caso ha dejado una pregunta abierta: ¿basta con que algo sea legal para que no genere desconfianza? Aunque no se hallaron pruebas de fraude, el episodio afectó la imagen de la Lotería de Medellín, una institución con décadas de historia. Lo que fue una victoria para una familia, terminó siendo una crisis reputacional para la entidad.
Este incidente plantea una reflexión sobre los límites entre lo técnico y lo ético en las instituciones públicas. Porque cuando el azar se mezcla con el poder, hasta el premio más transparente puede convertirse en motivo de sospecha.
