Una nueva ley aprobada por el Gobierno Nacional está generando debate en el país al permitir que miles de colombianos puedan circular sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), matrícula ni licencia de conducción, siempre que utilicen vehículos eléctricos de baja potencia y cumplan ciertas condiciones.
La Ley 2486 de 2025, sancionada por el presidente Gustavo Petro, marca un giro significativo en la política de movilidad sostenible del país. Su objetivo principal es incentivar el uso de medios de transporte eléctricos y no contaminantes, en línea con la estrategia del Gobierno para reducir las emisiones y promover ciudades más limpias.
De acuerdo con la norma, los vehículos eléctricos de hasta 1.000 vatios de potencia que circulen únicamente por ciclorrutas quedan exentos de portar licencia, matrícula y Soat. Además, se establece una edad mínima de 16 años para conducirlos. Los menores entre 12 y 16 años podrán manejarlos, pero únicamente dentro de la infraestructura destinada a bicicletas y patinetas eléctricas.
El Gobierno justificó la medida como parte de su estrategia para convertir a Colombia en un referente regional en movilidad eléctrica, a la par de países como Chile. En un comunicado, la Presidencia afirmó que la ley busca “promover el crecimiento del uso de vehículos eléctricos de baja potencia” y avanzar hacia una transición energética justa y limpia.
Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá, la titular Claudia Díaz respaldó la ley, pero hizo un llamado a priorizar la seguridad vial en su implementación. “Para nosotros es fundamental que esta normativa no ponga en riesgo la vida de las personas. La movilidad sostenible no puede ir en contravía del derecho a la vida”, señaló la funcionaria.
No obstante, la nueva normativa no ha estado exenta de cuestionamientos. El vicepresidente del Concejo de Bogotá, Juan David Quintero, expresó su preocupación por el vacío de responsabilidad que podría generarse al eliminar la obligatoriedad del Soat para ciertos conductores.
“Aunque la medida beneficia a muchos usuarios, deja sin respaldo a los peatones o ciclistas que puedan resultar afectados en un accidente”, advirtió Quintero. Su opinión es compartida por varios expertos en movilidad, quienes insisten en que el Estado debe diseñar mecanismos complementarios que garanticen atención médica o compensación para las víctimas de siniestros.
Recordaron que el Soat cubre gastos médicos, transporte de emergencia, incapacidades e incluso indemnizaciones por fallecimiento, sin importar si la persona afectada es conductor, pasajero o peatón. Su exclusión total, alertan, podría representar un riesgo en términos de responsabilidad civil en caso de accidentes.
La ley, que consta de 18 artículos, especifica los requisitos técnicos de los vehículos y las condiciones para acogerse a los beneficios. También fija restricciones claras: si un vehículo exento circula por vías diferentes a las ciclorrutas, sí deberá cumplir con todos los requisitos legales como cualquier otro vehículo motorizado.
En los próximos meses, se espera que las autoridades locales reglamenten su aplicación y definan los mecanismos de control para evitar abusos y garantizar la seguridad de todos los actores viales.
