El hijo mayor del presidente Gustavo Petro vuelve a ser noticia en los estrados judiciales. Esta vez, la Fiscalía le imputará nuevos cargos relacionados con presuntas irregularidades en contratos firmados cuando se desempeñaba como diputado del Atlántico.
Según el expediente, Nicolás Petro habría intervenido para favorecer la suscripción de cinco convenios que suman más de 3.000 millones de pesos, gestionados a través de la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente. Aunque los documentos hablaban de programas sociales para adultos mayores y estudiantes con discapacidad, las investigaciones revelan que los proyectos nunca se llevaron a cabo y que los dineros públicos no se destinaron a su propósito.
Por estos hechos, la Fiscalía lo señalará de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. Además, solicitará que sea enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso.
Las penas para este tipo de delitos en Colombia son severas: el primero puede acarrear hasta 18 años de prisión y cuantiosas multas, mientras que la falsedad documental contempla condenas de entre 4 y 9 años.
La fecha de la audiencia de imputación se conocerá en las próximas horas, pero lo cierto es que este caso se suma a otro proceso que ya lo tiene en la mira de la justicia: el que investiga la supuesta entrada de dinero ilícito a la campaña presidencial de 2022, recursos que, según la Fiscalía, Petro Burgos habría terminado apropiándose para su beneficio personal.
La defensa del exdiputado insiste en que la investigación está plagada de irregularidades y que las pruebas no tienen validez, al calificarlas de “contaminadas”.
