Una fuerte controversia sacude al país tras la decisión del presidente Gustavo Petro de nombrar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz, en el marco de su política de Paz Total. Figuras emblemáticas del paramilitarismo como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo («Jorge 40») y Diego Fernando Murillo Bejarano («Don Berna») fueron oficialmente reincorporadas mediante la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, con funciones asignadas hasta el 6 de agosto de 2026.
La medida busca que estos antiguos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) actúen como intermediarios en la construcción de paz, aportando su conocimiento sobre dinámicas territoriales y estructuras armadas. No obstante, la decisión ha generado un intenso debate sobre la legitimidad de otorgarles un papel protagónico en la reconciliación nacional, pese a su historial de violaciones de derechos humanos.
¿Quiénes son los designados?
Además de Mancuso, Jorge 40 y Don Berna, la lista incluye a reconocidos excomandantes paramilitares como:
- Héctor José Buitrago Rodríguez
- Ramiro Vanoy Murillo
- Hernán Giraldo Serna
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo
- Manuel de Jesús Pirabán
- Juan Francisco Prada Márquez
- José Baldomero Linares Moreno
- Carlos Mario Jiménez Naranjo, “Macaco”
- Rodrigo Pérez Alzate
- Fredy Rendón Herrera, “El Alemán”
- Edward Cobos Téllez
- Arnubio Triana Mahecha
- Héctor Germán Buitrago Parada
Todos ellos fueron procesados bajo la Ley de Justicia y Paz (2005), que ofreció penas reducidas a cambio de confesiones, reparación a las víctimas y compromisos de no repetición.
Según la resolución, los exjefes paramilitares deberán presentar un plan de trabajo específico, firmar un acta de compromiso con la justicia y reportar periódicamente sus actividades. No recibirán beneficios judiciales ni libertad automática, pero el Gobierno se compromete a garantizar su movilidad y, si es necesario, gestionar medidas ante autoridades nacionales e internacionales para el cumplimiento de sus funciones.
Además, se creará un Comité Técnico para el Cierre de la Mesa de Diálogo Social con exintegrantes de las AUC, con el objetivo de dar por terminado un proceso de desmovilización que se inició hace más de dos décadas.
El presidente Gustavo Petro explicó que el objetivo es retomar y culminar el Pacto de Ralito, firmado durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero que, según él, dejó verdades inconclusas y compromisos pendientes. “La figura de gestores de paz no es un indulto, es un instrumento para que quienes conocen los territorios y las guerras contribuyan a una paz duradera”, señaló.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la medida busca “reconstruir el tejido social, decir la verdad y reparar a las víctimas”. Ante las críticas, fue enfático: “Quienes se oponen, le temen a la verdad o son cómplices del desastre que ha vivido este país”.
La resolución ha sido recibida con escepticismo y rechazo por parte de víctimas del conflicto, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan que se otorgue protagonismo a responsables de masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y violaciones sistemáticas. Para muchos, la medida pone en riesgo los principios de verdad, justicia y reparación.
No obstante, el Gobierno insiste en que se trata de una designación temporal, excepcional y bajo estricto control, que no interfiere con los procesos judiciales en curso ni con los derechos de las víctimas.
Con esta jugada, Petro redobla su apuesta por la Paz Total, en un momento clave para los diálogos con actores armados ilegales y el cierre definitivo del ciclo paramilitar que marcó una de las etapas más violentas del conflicto colombiano.
