A partir del 15 de julio de 2025, los trabajadores colombianos verán reducida su jornada ordinaria a 46 horas semanales, como parte de la implementación progresiva de la Ley 2101 de 2021.
Colombia sigue avanzando en la implementación de la Ley 2101 de 2021 que establece una disminución gradual de la jornada laboral. Desde el 15 de julio de 2025, los trabajadores del país pasarán de una jornada de 47 a 46 horas semanales, sin afectaciones en su salario ni en sus prestaciones sociales.
La reducción de la jornada hace parte de una transición que culminará en 2026, cuando el tiempo de trabajo ordinario llegue a las 42 horas semanales, equiparando al país con estándares laborales de otras naciones de la región.
La disminución de una hora semanal representa un avance hacia mejores condiciones laborales, promoviendo un mayor equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Según el Ministerio de Trabajo, esta medida busca también incentivar la productividad empresarial y el bienestar de los empleados.
Para los empleadores, la ley permite flexibilidad en la distribución de las horas laborales. Las empresas podrán organizar turnos de hasta 10 horas diarias sin generar recargos por horas extras, siempre que se respete el máximo de horas semanales.
Los empleadores deben ajustar sus horarios laborales a partir del 15 de julio de manera automática, sin necesidad de firmar nuevos contratos. La reducción tampoco afecta los derechos adquiridos como vacaciones, primas, cesantías y demás prestaciones.
A casi cuatro años de la sanción de la Ley 2101, el balance es mixto. Algunos sectores productivos destacan que jornadas más cortas han mejorado el rendimiento y reducido los índices de ausentismo, mientras otros expresan preocupaciones sobre el aumento de los costos operativos.
En 2026, se espera completar el proceso, alcanzando las 42 horas semanales, una medida que pondrá a Colombia a la par de países como Chile y Perú en términos de jornada laboral.
El Ministerio de Trabajo continúa ofreciendo asesoría técnica a las empresas para facilitar la transición y asegurar el cumplimiento efectivo de la norma en todos los sectores económicos.
