El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) deberá comparecer ante la Comisión Séptima del Senado para rendir cuentas por los casos de abuso sexual denunciados en un jardín infantil del barrio San Cristóbal, en Bogotá. De acuerdo con los reportes, varios menores habrían sido víctimas de agresiones al interior de una institución que debía garantizar su protección.
El Congreso citó a debate de control político al ICBF, a la Policía Nacional y a otras entidades encargadas de la vigilancia y protección de la infancia, en busca de respuestas frente a las fallas de supervisión y prevención que habrían permitido los abusos.
El caso ha encendido las alarmas sobre deficiencias estructurales en el sistema de protección infantil en el país. Expertos señalan que, además de las omisiones en la supervisión institucional, persisten debilidades en los filtros de selección del personal que trabaja en espacios de atención a menores.
En medio de la polémica, se ha reiterado la necesidad de fortalecer mecanismos como el Registro de Abusadores Sexuales y de garantizar su implementación efectiva, para impedir que personas con antecedentes de violencia infantil tengan acceso a cargos de cuidado.
La situación es especialmente crítica en Bogotá. Según cifras oficiales del Distrito, entre enero y marzo de 2025 se registraron más de 2.400 alertas por violencia sexual contra menores, siendo los entornos escolares uno de los principales focos de riesgo.
En el debate de control político, que se realizará en los próximos días, se espera la presencia de representantes del ICBF, de la Policía de Infancia y Adolescencia y de otras entidades responsables, quienes deberán explicar los mecanismos de vigilancia y las acciones correctivas frente a las denuncias conocidas.
La prioridad, según han indicado autoridades y organizaciones de protección infantil, debe ser garantizar entornos seguros para los niños y reforzar los protocolos de prevención y reacción ante posibles vulneraciones de sus derechos.
