Una decisión judicial emitida en Bucaramanga ha generado una fuerte polémica en el sistema de salud colombiano, luego de que un juez ordenara a una EPS cubrir el costo de dos muñecas sexuales inflables, como parte de un tratamiento para un paciente que alegó sufrir de baja autoestima y afectaciones a su salud mental.
El caso surgió tras una acción de tutela presentada por el ciudadano, quien argumentó que el uso de dichos objetos ayudaría a mejorar su estado emocional y su calidad de vida. El juez le dio la razón, al considerar que se trataba de un mecanismo terapéutico que, aunque no convencional, está relacionado con su derecho fundamental a la salud mental.
“Independientemente del método, la EPS debe garantizar el tratamiento necesario para preservar la salud del paciente”, señala el fallo, en el que se ordena la compra de los dispositivos como parte de un plan terapéutico integral.
La decisión no tardó en encender la crítica de distintos sectores médicos y académicos, que advierten sobre la utilización de recursos públicos en intervenciones sin respaldo científico. “Esto sienta un precedente preocupante, cuando aún hay pacientes sin acceso a servicios esenciales por falta de recursos”, señaló un vocero del gremio médico.
El caso reabre el debate sobre el uso de las tutelas para acceder a tratamientos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), así como la necesidad de una reforma estructural que permita equilibrar la protección de derechos con la sostenibilidad del sistema.
Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre el paciente ni sobre el soporte técnico o terapéutico que acompañó la solicitud.
