Un operativo de la Policía Nacional en la Escuela de Carabineros del centro de Bogotá dejó al descubierto las insólitas comodidades de las que gozan la empresaria e influencer Daneydis Barrera, más conocida como Epa Colombia, y la exconsejera presidencial Sandra Ortíz, quienes cumplen allí sus condenas.
Durante la diligencia, las autoridades incautaron objetos prohibidos como televisores, electrodomésticos y dispositivos electrónicos que habrían facilitado comunicaciones indebidas mediante mensajes, llamadas y correos electrónicos. La intervención se produjo tras denuncias que advertían sobre estas irregularidades.
Las imágenes difundidas en redes sociales revelan celdas que poco se parecen a las de una cárcel común: camas semidobles, nevera, artículos de cocina, peluches, ambientadores, comida empacada, vajilla y otros objetos personales que contrastan con la austeridad que caracteriza a establecimientos penitenciarios tradicionales.
El contraste es aún más evidente al recordar el paso de Epa Colombia por la cárcel El Buen Pastor, donde permanecía en una habitación pequeña, con una cama sencilla y apenas una biblia sobre un atril. Hoy, en la Escuela de Carabineros, no solo disfruta de más espacio y objetos personales, sino que además tiene mayores facilidades para recibir visitas de su hija y su pareja, algo restringido en su anterior lugar de reclusión.
Su abogado justificó el traslado alegando problemas de seguridad y amenazas serias contra la influencer. Según su versión, la ley penitenciaria contempla la posibilidad de otorgar condiciones especiales en casos de riesgo.
Sin embargo, las revelaciones abren un debate público inevitable: ¿están ambas condenadas viviendo una pena privativa de la libertad o más bien una cómoda estadía que desvirtúa el principio de igualdad ante la ley. La opinión ciudadana se divide, pero la pregunta persiste: ¿cárceles para todos o privilegios para algunos?
