El sistema de salud colombiano entra en una fase crítica de reconfiguración tras la orden del presidente Gustavo Petro de liquidar las EPS con problemas financieros. La decisión, presentada como una salida a la crisis estructural del modelo, deja más preguntas que certezas sobre el futuro de millones de usuarios.
El Gobierno insiste en que no se trata de desmontar el sistema, sino de “depurarlo”. Según Petro, los afiliados de las entidades que desaparezcan serán trasladados a las EPS que permanezcan operativas, en un intento por garantizar continuidad en la atención. Sin embargo, la promesa de un tránsito sin traumatismos choca con la realidad de un sistema que ya muestra signos de saturación.
En medio del plan de liquidación, no todas las entidades correrán la misma suerte. El propio mandatario señaló que algunas EPS podrían mantenerse, pero solo si cumplen una condición básica: ponerse al día con sus deudas.
Entre las que tendrían esa oportunidad están Savia Salud EPS y Salud Capital EPS, dos entidades con fuerte vínculo público que, más que sobrevivir por su solidez, parecen hacerlo por su capacidad de ajuste bajo presión estatal. La advertencia es clara: o corrigen su situación financiera o seguirán el mismo camino de liquidación.
Distinto es el panorama de Nueva EPS, una de las más grandes del país. En su caso, el Gobierno plantea una intervención más profunda: pasaría a estar bajo la órbita de los ministerios de Salud y Hacienda, con el Estado asumiendo directamente el pago de sus deudas.
La medida, lejos de ser menor, plantea un giro hacia una mayor centralización del sistema. Mientras unas EPS desaparecen por inviables, otras son rescatadas con recursos públicos, lo que reabre el debate sobre quién asume realmente los costos de la crisis.
El discurso oficial habla de corregir fallas estructurales: deudas acumuladas, mala prestación del servicio y problemas operativos que han afectado a millones de colombianos. Pero en la práctica, el proceso parece más un reacomodo que una solución de fondo.
Expertos y sectores críticos advierten que trasladar masivamente usuarios a menos EPS podría generar un efecto contrario al esperado: mayor congestión, demoras en la atención y presión sobre entidades que ya operan al límite.
Detrás de la decisión también hay un factor político ineludible: el anuncio llega en la recta final del gobierno Petro, lo que deja dudas sobre la implementación real de estas medidas y su sostenibilidad en el tiempo.
Por ahora, no hay claridad sobre qué EPS serán finalmente liquidadas ni cómo se realizará el traslado de afiliados. Lo único cierto es que el sistema entra en una etapa de incertidumbre donde las decisiones estructurales avanzan más rápido que las garantías para los usuarios.
En medio del discurso de transformación, la pregunta sigue abierta: ¿se está construyendo un sistema más sólido o simplemente redistribuyendo una crisis que aún no tiene solución de fondo?
