El presidente Abelardo de la Espriella cambió las reglas del porte de armas en Colombia. Con el nuevo decreto, se levanta la suspensión general que impedía tramitar permisos para portar armas de fuego, una decisión que marca un giro frente a la política aplicada en los últimos años.
La medida no significa que cualquier ciudadano pueda salir armado. Los requisitos, controles y autorizaciones continúan vigentes. La diferencia es que quienes cumplan las condiciones podrán volver a solicitar un permiso.
El Gobierno defiende la decisión argumentando que mientras se restringía al ciudadano que cumple la ley, las organizaciones criminales continuaban utilizando armas ilegalmente. Según cifras del Ejecutivo, entre enero y septiembre de 2026 fueron incautadas 15.700 armas, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con delitos.
Pero la decisión abre una pregunta inevitable: ¿más ciudadanos legalmente armados significarán realmente más seguridad?
De la Espriella apuesta por esa fórmula y promete perseguir con toda la fuerza del Estado a quienes porten armas ilegalmente. Ahora el reto será demostrar que levantar la restricción fortalece la seguridad y no termina aumentando los riesgos de violencia.
El debate apenas comienza: ¿protección para el ciudadano o más armas en las calles?
