1.751 uniformados fueron destituidos entre 2022 y el 8 de octubre de 2026. La cifra deja una pregunta incómoda sobre la mesa: ¿Quién responde cuando quienes deben proteger a los ciudadanos terminan involucrados en hechos de corrupción y delitos?
De acuerdo con las cifras reportadas, 652 uniformados fueron destituidos por pedir o recibir dinero de manera irregular, mientras que 427 fueron sancionados por hurto o apropiación de bienes ajenos. A estos casos se suman 138 relacionados con narcotráfico, 121 por concierto para delinquir, 58 por extorsión y 24 por secuestro, entre otras conductas.
El panorama también preocupa por la evolución de los casos. En 2025 se registraron 477 destituciones, la cifra anual más alta del periodo señalado. Para el 8 de octubre de 2026, ya se contabilizaban otras 329.
Bogotá encabeza la lista con 453 uniformados destituidos, seguida de Antioquia, con 240, y Valle del Cauca, con 172. La corrupción, además, no se limitó a los rangos inferiores: entre los destituidos figuran 79 oficiales, incluidos un coronel, cuatro tenientes coroneles y 18 mayores.
Las cifras exponen un problema que va más allá de las sanciones disciplinarias: la confianza ciudadana. Cuando un uniformado utiliza su autoridad para pedir dinero, robar o participar en actividades criminales, no solo traiciona su juramento, también golpea la credibilidad de toda una institución.
La pregunta es inevitable: ¿cuántos casos más se necesitan para fortalecer los controles, garantizar investigaciones efectivas y evitar que quienes deben hacer cumplir la ley terminen quebrantándola?
