Lo que debía convertirse en alimento para los soldados habría terminado en manos de quienes tenían la responsabilidad de administrar esos recursos. Nueve integrantes del Ejército Nacional fueron judicializados por la Fiscalía, señalados de presuntamente desviar más de 100 millones de pesos destinados a la alimentación de las tropas de un batallón ubicado en Ocaña, Norte de Santander.
Entre los procesados figuran tres mayores, cinco sargentos y un suboficial en retiro. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre abril y octubre de 2024, período en el que los uniformados habrían aprovechado sus cargos para apropiarse de recursos destinados al suministro de raciones alimentarias.
El caso resulta especialmente grave porque, para ocultar el presunto desfalco, habrían alterado documentos y firmado planillas que certificaban la entrega de víveres a seis pelotones. Sin embargo, las cantidades registradas no correspondían con las necesidades reales de la unidad militar.
Las irregularidades, de acuerdo con la Fiscalía, llegan incluso a registros de alimentos supuestamente entregados a escuadras que no pertenecían al batallón, así como a militares que se encontraban en novedades administrativas o realizando entrenamientos en Aguachica, Cesar.
Los nueve uniformados fueron capturados en diferentes ciudades del país y deberán responder por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no aceptaron.
Más allá de las responsabilidades individuales que deberá determinar la justicia, el caso vuelve a poner bajo la lupa los controles sobre los recursos públicos dentro de las instituciones. Porque cuando presuntamente se roba el dinero destinado a alimentar a quienes prestan servicio a la patria, no solo se afecta el presupuesto: también se golpea la confianza en una institución que debería garantizar el bienestar de sus propios hombres.
