Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes reveló que el presunto sicario que intentó asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay habría recibido la promesa de 20 millones de pesos para cometer el crimen. El pago solo se efectuaría después de consumar el atentado, extremo que hoy investigan las autoridades para determinar si se haría vía giro bancario, en efectivo o por algún otro mecanismo.
A pesar de la gravedad de los hechos, el menor no aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Fuentes de la defensa señalan que el joven busca acogerse a un principio de oportunidad, figura que le permitiría reducciones de pena a cambio de suministrar información clave sobre los autores intelectuales y la red que facilitó el ataque.
De acuerdo con el ente acusador, existen “elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes” que indican que el adolescente aprovechó una multitud para abrir fuego contra Uribe Turbay, representante del Partido Centro Democrático, lo que obligó a su seguridad a repeler el ataque y evitar una tragedia mayor.
El procesado ya presentaba anotaciones judiciales como presunto cómplice de un homicidio y por el delito de hurto. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta ocho años de privación de la libertad en un centro especializado para menores.
El arma, comprada legalmente en EE. UU., ingresó de forma irregular al país
La investigación también se centra en la pistola Glock calibre 9 mm utilizada en el atentado. Las pesquisas señalan que el arma fue adquirida el 6 de agosto de 2020 en Mesa, Arizona (Estados Unidos) por un ciudadano identificado como Charles Joe Anderson en el establecimiento ‘Aji Port’. Pese a la compra legal, la Glock no aparece registrada ante el Departamento de Control y Comercio de Armas, Munición y Explosivos de Colombia, lo que indica que habría ingresado al país de manera ilícita. Las autoridades intentan establecer si la pistola ha estado involucrada en otros hechos violentos.
Al término de la audiencia, el menor fue trasladado bajo un estricto esquema de seguridad a una sede de la Fiscalía General de la Nación en la capital. El despacho judicial ordenó la recolección de nuevas pruebas para esclarecer la ruta del dinero ofrecido y el origen de la red que planeó la agresión.
Este atentado se da en medio de un ambiente político tenso, cuando faltan pocos meses para el arranque formal de la campaña presidencial. La seguridad de los candidatos vuelve a estar en el centro del debate público, mientras las autoridades insisten en articular esfuerzos para frenar la escalada de violencia contra líderes políticos.
