El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado su intención de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, luego de que el Senado rechazara la propuesta presentada por el Ejecutivo. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la legalidad y las implicaciones políticas de tal medida.
El Congreso notificó al presidente Petro que la consulta popular fue negada tras la votación en la plenaria del Senado, en la que se hundió el mecanismo anunciado por el Ejecutivo.
El ministro Armando Benedetti ha respaldado la posición del presidente, argumentando que, debido a supuestas irregularidades en el proceso legislativo, el Ejecutivo tiene la facultad de convocar la consulta por decreto. Benedetti citó a dos expresidentes de la Corte Constitucional que apoyan esta interpretación.
No obstante, esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores. El exministro Humberto de la Calle advirtió que una consulta sin respaldo del Congreso podría considerarse una extralimitación de funciones y un desconocimiento del principio de separación de poderes.
La controversia se intensifica en un contexto donde los derechos laborales se han convertido en el eje central del debate político en Colombia. El presidente Petro ha adoptado una reforma laboral moderada como bandera política después de que su propuesta inicial fuera rechazada en el Senado. Esta reforma busca mejorar las condiciones laborales aumentando el pago por trabajo nocturno y en festivos, y ofreciendo mayor protección a aprendices del SENA.
La decisión de Petro de avanzar con la consulta por decreto plantea interrogantes sobre el equilibrio de poderes en el país y la viabilidad de implementar reformas estructurales sin el respaldo legislativo. La Corte Constitucional podría ser llamada a dirimir esta controversia en las próximas semanas.
