El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin validez la consulta interna del Pacto Histórico en la que participaban Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho, y que tenía como objetivo definir el candidato del movimiento para el proyecto del Frente Amplio.
La decisión se dio luego de que el tribunal declarara improcedente la tutela que había obligado a la Registraduría Nacional a inscribir la consulta, programada para el 26 de octubre. Con esta determinación, el proceso pierde validez jurídica y no podrá llevarse a cabo en la fecha prevista.
En su fallo, el Tribunal señaló que “las medidas provisionales no representan el prejuzgamiento del caso ni pueden entenderse como indicio del sentido de la decisión. Su finalidad se limita a evitar la vulneración o perjuicio de los derechos fundamentales involucrados, mientras el juez de tutela adopta una sentencia definitiva”.
Además, la sentencia advierte que, ante la improcedencia del amparo frente al debido proceso y la negativa de tutelar los demás derechos, era necesario dejar sin efectos la medida provisional decretada el 25 de septiembre de 2025.
Tras conocerse el fallo, el presidente Gustavo Petro reaccionó con contundencia a través de su cuenta en X (antes Twitter). El mandatario afirmó que la decisión “es un sabotaje a la democracia. Son dictadores los que impiden que la Constitución se aplique”. Y agregó: “Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia”.
El fallo aún puede ser impugnado por los demandantes, Carolina Corcho y Gustavo Bolívar, quienes promovieron la acción de tutela que inicialmente había permitido la inscripción de la consulta.
Mientras tanto, el Pacto Histórico ya había desplegado esfuerzos logísticos y organizativos para adelantar la votación interna, que buscaba definir al aspirante que representaría al movimiento dentro del Frente Amplio, un proyecto político que pretende unir a las distintas fuerzas progresistas del país.
La decisión judicial supone un duro golpe político para el movimiento oficialista, que deberá ahora evaluar nuevos mecanismos para escoger a su candidato. Por lo pronto, el fallo reaviva la tensión entre el Ejecutivo y la justicia, en un escenario donde la confrontación política parece lejos de apaciguarse.
