En el corazón del Páramo de Santurbán, en el departamento de Santander, se ha desatado un conflicto que enfrenta a los mineros con las autoridades y la comunidad ambientalista. La pequeña localidad de Vetas, uno de los principales centros mineros de la región, es el epicentro de una creciente desobediencia civil, en la que los mineros han desafiado de manera abierta la prohibición de la minería en esta zona vital para el ecosistema.
El Páramo de Santurbán, considerado un «corazón hídrico» de Colombia debido a su función de abastecer de agua a miles de personas en la región, fue declarado en 2010 como una zona de protección por su riqueza ambiental. Sin embargo, la minería ilegal y la actividad extractiva continúan, a pesar de las políticas implementadas para salvaguardar la biodiversidad y los recursos hídricos del lugar.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por frenar la minería en la zona, los mineros informales de Vetas, conocidos por su tradición en la extracción de oro, han mantenido su lucha por subsistir en un sector que les ha brindado empleo durante generaciones. Frente a la prohibición, muchos han optado por un camino de desobediencia civil, organizando movilizaciones y continuando con sus actividades extractivas a pesar de las sanciones y amenazas legales.
La situación se agrava con el aumento de tensiones entre los mineros y las autoridades locales, quienes han implementado medidas como la incautación de maquinaria y la imposición de multas a quienes continúan con las actividades ilegales. Los mineros, por su parte, argumentan que no tienen otra alternativa para sobrevivir económicamente, ya que la minería artesanal es la principal fuente de ingresos para muchas familias en Vetas y sus alrededores.
Por otro lado, organizaciones ambientales y comunidades de los alrededores del Páramo de Santurbán han intensificado sus esfuerzos para proteger la zona, denunciando que la minería descontrolada está acabando con los ecosistemas del páramo, afectando la calidad del agua y contribuyendo al deterioro del suelo y la biodiversidad. Para ellos, la prohibición es vital para asegurar la preservación de uno de los ecosistemas más importantes del país.
La desobediencia civil en Vetas ha puesto de manifiesto la compleja relación entre el desarrollo económico, la conservación ambiental y la justicia social. En el caso de los mineros, la prohibición parece una amenaza directa a sus medios de vida, mientras que para los defensores del medio ambiente, es una lucha por el futuro de la región y de los recursos hídricos que dependen de la conservación de estos ecosistemas.
La situación en Vetas sigue siendo incierta. Las autoridades, por un lado, insisten en la necesidad de proteger el páramo y aplicar las leyes ambientales, mientras que los mineros continúan desafiando la prohibición con la esperanza de que se les ofrezcan alternativas viables que no pongan en peligro su sustento. Este conflicto pone en evidencia la necesidad urgente de encontrar un equilibrio entre el respeto a la ley, la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales, cuyo futuro depende, en gran medida, de la resolución de este dilema.
