La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez ganó una batalla judicial contra Meta, la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, luego de que la Corte Constitucional fallara a su favor tras la eliminación de una de sus cuentas con más de cinco millones de seguidores.
Gómez interpuso una tutela en la que alegó que la decisión de la plataforma violó sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso, al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio. Según la actriz, el cierre de su cuenta ocurrió por su vinculación pasada con actividades relacionadas con la pornografía, a pesar de que no existió una justificación clara.
La Corte Constitucional, en un fallo liderado por la magistrada Natalia Ángel Cabo, advirtió que el carácter transnacional de internet no exime al Estado colombiano de proteger los derechos fundamentales en su jurisdicción. Además, señaló que, aunque la moderación de contenidos es legítima para garantizar un entorno digital seguro, esta no puede aplicarse de manera arbitraria ni discriminatoria.
El alto tribunal recordó que cualquier restricción al discurso en redes sociales debe superar el test tripartito de la libertad de expresión: legalidad, necesidad y proporcionalidad. En ese sentido, reprochó que Meta haya cerrado la cuenta de Gómez sin transparencia ni motivación suficiente, calificando la medida como “arbitraria y discriminatoria”.
En su pronunciamiento, la Corte también hizo un llamado a las plataformas digitales a garantizar mayor claridad en sus normas comunitarias, especificar los criterios para la moderación de contenidos y asegurar que los usuarios cuenten con mecanismos efectivos para impugnar decisiones.
Aunque la decisión no permitirá que Esperanza Gómez recupere la cuenta eliminada, pues se declaró la carencia de la tutela por hecho consumado, el fallo sí habilita a la actriz a reclamar una eventual reparación.
Finalmente, el tribunal ordenó a Meta implementar medidas concretas, entre ellas:
- Crear reglas claras y no discriminatorias en sus procesos de moderación.
- Establecer un canal electrónico visible para notificaciones judiciales en Colombia.
- Asegurar que sus políticas estén disponibles en español y en un sitio web unificado.
- Revisar las condiciones de uso y la política de privacidad de Instagram, de manera que los usuarios conozcan mecanismos para impugnar decisiones de moderación.
Con este fallo, la Corte Constitucional marcó un precedente en la relación entre derechos fundamentales y las dinámicas de moderación de contenido en redes sociales, advirtiendo que la protección de libertades individuales no se detiene en el espacio virtual.
