Una red criminal dedicada a la explotación infantil fue desarticulada esta semana en Medellín, tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad de la ciudad. Según las autoridades, la organización utilizaba bebés y niños principalmente de la comunidad Emberá Katío, para pedir limosna en zonas turísticas, generando ingresos ilícitos de hasta $180 millones mensual.
La operación, que se llevó a cabo en sectores como El Poblado, Boston, Carpinelo y Santa Cruz, dejó un saldo de siete personas capturadas, entre ellas seis mujeres y un hombre, cuyas edades oscilan entre los 25 y 43 años. El proceso investigativo se extendió por más de diez meses e incluyó labores de inteligencia, vigilancia, interceptaciones telefónicas y seguimiento a los bienes de los implicados.
De acuerdo con el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, los delincuentes instrumentalizaban a niños algunos de apenas cinco años para solicitar productos de primera necesidad como leche, pañales y medicamentos en sectores de alto tránsito turístico como el Parque Lleras, Provenza y la Calle 10. Posteriormente, estos productos eran revendidos clandestinamente, revelando un esquema de explotación sistemática camuflado como una aparente necesidad.
“Este resultado demuestra que detrás de una supuesta situación de vulnerabilidad, se escondía un negocio criminal que atentaba contra la dignidad de los niños”, señaló el general Castaño Ramos.
Como agravante, las autoridades informaron que muchos de los menores involucrados ya habían sido víctimas de explotación en otras ocasiones. Según cifras de la Policía de Infancia y Adolescencia, más de 900 protecciones a menores reincidentes han sido documentadas recientemente en la ciudad.
La administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para no fomentar este tipo de prácticas y denunciar cualquier caso sospechoso de explotación infantil. Al cierre del operativo, los niños y niñas fueron puestos bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que los capturados enfrentarán cargos por trata de personas, utilización de menores en mendicidad y concierto para delinquir.
