En el marco de la celebración del Mes del Niño, la Cámara de Representantes de Colombia realizó la Plenaria Niñez, dedicada a la protección y promoción de los derechos de la infancia. Allí se discutieron y aprobaron en segundo debate diversos proyectos de ley dirigidos a garantizar un entorno seguro y saludable para los menores y adolescentes del país. También se abordó la protección de las mujeres, reconociendo y enfrentando las diversas formas de violencia de género que persisten en la sociedad colombiana.
Uno de los proyectos emblemáticos que recibió el respaldo de la Cámara en pleno en segundo debate fue la iniciativa para eliminar el Matrimonio Infantil y las Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas (Miut) en Colombia. Este proyecto, de autoría de las representantes Alexandra Vásquez por Cundinamarca y Jennifer Pedraza por Bogotá, busca actualizar las normas sobre el Matrimonio Infantil, que datan de 1873.
«Los niños no pueden seguir siendo una contraprestación, no podemos seguir incrementando el Matrimonio Infantil, que afecta en mayor medida a las niñas de bajos recursos del sector rural e indígena. Agradezco el respaldo de organizaciones como Alianza para la Niñez, Save the Children, Valientes, la ONU, la Unfpa, la Unesco y Profamilia”, manifestó la representante Alexandra Vásquez.
Esta iniciativa, conocida como #SonNiñasNoEsposas, cuenta con el respaldo de cientos de jóvenes que firmaron una carta instando a los congresistas a apoyar el proyecto de ley. Según la Red Joven de Profamilia, que agrupa a más de 1.000 de ellos de diferentes territorios de Colombia, el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas Forzadas son una grave problemática que afecta a la niñez del país, con consecuencias devastadoras que incluyen violencia y abuso sexual.
«No podemos hablar de un país que defiende la niñez cuando 7 de cada 10 niñas que se casan temprano han sufrido violencia dentro de su unión y 4.1% de ellas han sido víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas», destacaron en la carta.
Por su parte, la representante Jennifer Pedraza recordó que “este Congreso tiene una oportunidad histórica de avanzar hacia una infancia libre de violencias. Nuestro proyecto de ley implica una política pública para el fortalecimiento de los proyectos de vida de la infancia y la adolescencia, y que el Estado tenga una labor fundamental en ello”.
Además, la plenaria también respaldó el proyecto de ley 052 de 2023, que busca reconocer la Violencia Vicaria en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta iniciativa, liderada por la representante Alexandra Vásquez y con ponencia positiva de la representante Delcy Isaza, tiene como objetivo reconocer e incorporar en la legislación colombiana la «Violencia Vicaria» como una forma de violencia basada en género. Según datos de la Fundación Contra la Violencia Vicaria, en el último año y medio más de 3.400 mujeres han sido víctimas de esta forma de violencia en Colombia.
«La Violencia Vicaria es una violencia basada en género que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos e hijas, que en casos extremos termina en el asesinato de estos», explicó la representante Alexandra Vásquez. Esta forma de violencia ha cobrado notoriedad en Colombia, con casos que han conmocionado a la opinión pública, como el ocurrido en el municipio de Melgar-Tolima en octubre de 2022, donde un menor de 5 años fue asesinado por su padre como forma de causar daño a su expareja.
La plenaria de la Cámara de Representantes reafirmó su compromiso con la protección de la infancia y la lucha contra la violencia de género al aprobar estos importantes proyectos de ley. «Con estas iniciativas, estamos dando un paso significativo hacia la erradicación del Matrimonio Infantil y la Violencia Vicaria en Colombia. Es fundamental que el Congreso continúe trabajando en la promoción de los derechos de los niños y las mujeres, garantizando un futuro más seguro y justo para todas y todos», concluyó la representante Delcy Isaza.
Otros de los proyectos aprobados en segundo debate fueron el que establece medidas orientadas a fortalecer la comunidad lactante y la promoción de la lactancia materna en el territorio nacional, y el que dicta disposiciones para garantizar el acceso universal y obligatorio en todo el territorio nacional al Programa Madre Canguro, en beneficio de neonatos prematuros y/o de bajo peso al nacer.
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