En una decisión que ha generado inquietud y escepticismo tanto dentro como fuera de sus fronteras, el gobierno venezolano anunció la suspensión inmediata de los vuelos procedentes de Colombia, alegando la existencia de “planes de atentados con explosivos” y la supuesta entrada de mercenarios a través de esa vía aérea.
El anuncio fue realizado por Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y uno de los principales voceros del oficialismo, quien denunció un supuesto complot destinado a sabotar las elecciones presidenciales del próximo 25 de mayo. Según Cabello, los ataques estarían dirigidos a embajadas, comandos policiales, hospitales, servicios públicos y figuras clave del país.
“A través de esos vuelos están ingresando mercenarios con planes concretos de atentados”, afirmó Cabello, sin ofrecer pruebas contundentes ni identificar responsables específicos.
La medida ha sido interpretada por analistas como un nuevo intento del gobierno de Nicolás Maduro por alimentar un clima de tensión y victimización, en medio de un proceso electoral altamente cuestionado tanto por la oposición como por la comunidad internacional.
A la fecha, no se ha presentado evidencia verificable que respalde las acusaciones del funcionario, lo que ha llevado a sectores críticos a considerar esta suspensión como una maniobra política para justificar un mayor control interno y limitar la movilidad en un momento clave para el país.
Además, la decisión impacta directamente a miles de ciudadanos que mantienen vínculos familiares y comerciales entre ambos países, afectando aún más una ya frágil relación bilateral. El gobierno colombiano no ha emitido una respuesta oficial hasta el momento.
Con este movimiento, el chavismo vuelve a echar mano del discurso del enemigo externo, una estrategia recurrente en momentos de tensión política, mientras crecen las dudas sobre la transparencia del proceso electoral y el verdadero trasfondo de este tipo de medidas.
