El senador Jairo Castellanos, en su reciente viaje a Washington, presentó una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar la grave crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, en Colombia. Según el congresista, esta región ha sufrido el impacto de un conflicto armado prolongado que ha dejado un saldo alarmante: 90 mil víctimas, 56 mil desplazados, 32 mil personas confinadas y más de 40 mil niños sin acceso a la educación.
Durante su intervención ante la CIDH, Castellanos destacó que, a pesar de la declaración de conmoción interior por parte del Gobierno colombiano, la violencia en la zona sigue en aumento. El senador recordó que el Catatumbo ha sido escenario de múltiples atentados en Cúcuta, hostigamientos en Convención y la toma del corregimiento de Las Mercedes, hechos que demuestran que la capacidad del Estado para controlar la situación se ha visto superada.
“El Catatumbo está viviendo una crisis humanitaria sin precedentes. La violencia no ha cesado y la situación es insostenible para miles de colombianos. La población civil sigue siendo víctima de los enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y la negación de sus derechos más básicos”, señaló Castellanos en su intervención.
La situación de los niños y niñas de la región es especialmente preocupante, con más de 40 mil menores de edad sin acceso a la educación, lo que pone en peligro su futuro y agrava aún más la crisis. El senador recalcó que este abandono institucional no solo afecta el bienestar físico de los habitantes, sino que también compromete el desarrollo social y económico de la región.
A través de su solicitud ante la CIDH, Castellanos busca llamar la atención de la comunidad internacional sobre la urgencia de una intervención más efectiva en el Catatumbo. En su opinión, la situación ha superado la capacidad del gobierno colombiano para garantizar la seguridad y los derechos humanos en la región, y se requiere una respuesta coordinada con organismos internacionales para evitar que la crisis empeore.
El congresista enfatizó que la intervención de la CIDH es crucial para asegurar que se adopten medidas urgentes que protejan a los habitantes del Catatumbo, y que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La petición es también un llamado para que se brinden soluciones a largo plazo que garanticen la paz, la educación y la justicia social para los colombianos de esta región tan golpeada por la violencia.
