Una decisión adoptada por la presidenta de la Comisión de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, volvió a encender la controversia política en Colombia. Mediante un documento conocido en las últimas horas, ordenó la suspensión temporal del presidente Gustavo Petro por presunta participación en política hasta el próximo 21 de junio.
La medida, que coincide con uno de los momentos más sensibles del calendario electoral, ha provocado fuertes cuestionamientos sobre la competencia de la instancia que la emitió y sus posibles efectos sobre el proceso democrático.
Juristas y distintos sectores políticos advierten que la decisión podría desencadenar un nuevo choque entre las instituciones del Estado, mientras crece la expectativa por los pronunciamientos del Gobierno Nacional, los organismos de control y las altas cortes.
Más allá de las implicaciones jurídicas, el episodio reabre el debate sobre el papel de las instituciones en medio de la confrontación política y la estabilidad democrática del país en vísperas de una nueva jornada electoral.
