Una nueva controversia sacude al sistema carcelario colombiano tras la insólita parranda vallenata protagonizada por el cantante Nelson Velásquez al interior de la cárcel de Itagüí, en Antioquia. El hecho, lejos de ser una anécdota curiosa, encendió las alarmas sobre el control institucional en centros de reclusión de alta seguridad.
La denuncia fue hecha pública por la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, quien reveló imágenes donde se observa al artista interpretando varios de sus éxitos dentro del penal, en medio de lo que calificó como una “rumba desde la mañana”.
“En este país ya nada sorprende… pero sí indigna”, escribió la cabildante, cuestionando con dureza lo que considera una muestra de permisividad institucional frente a personas privadas de la libertad. Su pronunciamiento puso sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién ejerce realmente el control dentro de las cárceles?
Ante la presión pública, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario reaccionó asegurando que la actividad musical no contaba con autorización del Gobierno Nacional ni del Ministerio de Justicia. Sin embargo, la explicación no logró disipar las dudas sobre cómo un evento de esta magnitud pudo llevarse a cabo sin conocimiento de las directivas.
Como respuesta inmediata, la entidad anunció la apertura de investigación disciplinaria contra siete funcionarios que se encontraban de turno durante la visita. Además, ordenó el relevo del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia, medidas que, aunque contundentes en apariencia, dejan ver que el problema podría ser más estructural que aislado.
El Inpec también informó la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que permitieron el ingreso del artista y la realización de la parranda.
Este episodio revive las críticas históricas al sistema penitenciario colombiano: falta de control, posibles privilegios indebidos y debilidad en los protocolos de seguridad. Más allá de las sanciones puntuales, el caso vuelve a poner en entredicho la capacidad del Estado para garantizar que las cárceles cumplan su función real y no se conviertan en escenarios de beneficios irregulares.
Mientras avanza la investigación, queda la sensación de que, en algunos centros de reclusión, la línea entre el castigo y el privilegio sigue siendo peligrosamente difusa.
