Por años, Colombia ha convivido con una de las herencias más absurdas y peligrosas del narcotráfico: los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar en su Hacienda Nápoles. Lo que comenzó como un capricho exótico del capo hoy se ha convertido en una crisis ambiental que el Estado no ha sabido o no ha querido enfrentar con decisión.
La reciente propuesta de la ministra Irene Vélez de aplicar eutanasia a más de 160 ejemplares en el Magdalena Medio reabre un debate que Colombia ha aplazado durante décadas: ¿Qué hacer con una especie invasora que crece sin control y amenaza los ecosistemas locales?
El reconocido periodista Germán Castro Caycedo documentó de primera mano la mentalidad de Escobar. En uno de sus encuentros, el capo confesó que no solo disfrutaba de su zoológico privado, sino que lo utilizaba estratégicamente: el estiércol de los animales servía para despistar perros antinarcóticos.
Más revelador aún es el origen de los hipopótamos. Inicialmente, Escobar adquirió machos traídos de África. Pero su obsesión por la reproducción lo llevó a importar una única hembra desde Estados Unidos. De esa decisión aparentemente trivial descienden todos los hipopótamos que hoy habitan Colombia.
La historia, además, está marcada por la ilegalidad y la corrupción: animales decomisados por el entonces Inderena fueron recuperados mediante sobornos, mientras que otros fueron reemplazados por burros pintados como cebras, en una escena que parece sacada de una sátira, pero que refleja la impunidad de la época.
Tras la muerte de Escobar en 1993, el Estado heredó un problema que subestimó. Durante años, los hipopótamos fueron vistos como una curiosidad turística, incluso como símbolo pintoresco de una historia oscura.
Pero la realidad es otra: hoy superan los 160 individuos, con proyecciones que podrían llevar la cifra a más de 1.000 en 2035 si no se toman medidas. Cada uno consume cerca de 150 kilos de pasto diarios, altera ecosistemas acuáticos, desplaza especies nativas y representa un riesgo para comunidades rurales.
No se trata de una anécdota: es una especie invasora con efectos reales sobre la biodiversidad y la seguridad.
En 2009, el entonces ministro Carlos Costa Posada autorizó una “caza de control”. Un solo hipopótamo fue abatido. El escándalo fue inmediato.
La reacción emocional superó la discusión técnica. Protestas, presión internacional y la humanización del animal bautizado como “Pepe” frenaron cualquier intento posterior de control letal. El país eligió la sensibilidad sobre la evidencia.
Desde entonces, el problema solo ha crecido.
Hoy surgen alternativas como la propuesta del ambientalista Nicolás Ibargüen: trasladar parte de la población a santuarios en India, como Vantara, y esterilizar a los que permanezcan en Colombia.
Es una opción más ética y políticamente viable, pero enfrenta enormes desafíos logísticos, financieros y diplomáticos. No es una solución inmediata ni suficiente por sí sola.
El caso de los hipopótamos es, en el fondo, un reflejo de Colombia: decisiones aplazadas, problemas heredados y una tendencia a reaccionar más desde la emoción que desde la evidencia.
Aquí no hay soluciones perfectas. La eutanasia genera rechazo, pero la inacción es irresponsable. Cada año que pasa sin una política clara, el problema se multiplica.
La pregunta ya no es si actuar, sino cuánto más estamos dispuestos a esperar mientras una herencia del narcotráfico sigue expandiéndose, no como símbolo, sino como amenaza real.
Porque lo verdaderamente grave no es que Pablo Escobar haya traído hipopótamos a Colombia.
Lo grave es que, más de 30 años después, el Estado aún no sabe qué hacer con ellos.
