La salud pública en Norte de Santander parece haber llegado a un punto crítico. El servicio de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz, principal centro médico de la región, ya opera con una alarmante sobreocupación del 327 %, una cifra que refleja el colapso silencioso que desde hace meses enfrentan pacientes, médicos y trabajadores de la salud.
Lo que debería ser un área para atender cerca de 100 personas, hoy permanece saturada con más de 230 pacientes recibiendo atención simultánea, muchos de ellos en camillas improvisadas y largos tiempos de espera. Y aunque la situación ya parece normalizada, desde el hospital advierten que el problema dejó de ser una emergencia temporal para convertirse en el pan de cada día.
Detrás del colapso aparecen varias causas que el sistema aún no logra resolver: usuarios de EPS con servicios suspendidos, el aumento de pacientes migrantes provenientes de Venezuela y el crecimiento de personas heridas en accidentes de tránsito cuyos gastos no son asumidos oportunamente por las aseguradoras del SOAT.
Las cifras evidencian la magnitud del problema. Según el hospital, el 23 % de los pacientes atendidos en urgencias corresponde a población migrante y otro 13,5 % son víctimas de accidentes viales. El resto son enfermedades comunes y emergencias que siguen llegando a un sistema prácticamente desbordado.
Pero la crisis no solo es asistencial; también es financiera. Las EPS quebradas, intervenidas o liquidadas adeudan más de 1,8 billones de pesos al sistema de salud del departamento, recursos que podrían perderse definitivamente mientras hospitales públicos continúan atendiendo sin garantías de pago. Solo el Erasmo Meoz enfrenta deudas por cientos de miles de millones de pesos, una carga que amenaza con profundizar aún más el deterioro del servicio.
Mientras tanto, en los pasillos del hospital crece el agotamiento del personal médico, la falta de insumos y la sensación de abandono institucional. En medio de la crisis, el principal centro asistencial de la frontera sigue sosteniendo una demanda que parece no tener límite, mientras pacientes y trabajadores terminan pagando las consecuencias de un sistema de salud que hace tiempo empezó a colapsar.
