El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender la polémica nacional tras unas declaraciones realizadas durante una transmisión en vivo junto al streamer WestCol desde Rionegro, Antioquia.
En medio de la conversación, el exmandatario aseguró que los llamados “falsos positivos” eran simples “rumores”, negando que durante su gobierno hubiera existido una política relacionada con la ejecución de civiles presentados posteriormente como guerrilleros muertos en combate. Sus palabras desataron una ola inmediata de reacciones en redes sociales, donde sectores políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos cuestionaron duramente sus afirmaciones.
La controversia revive uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano. Durante años, familiares de víctimas han denunciado que jóvenes inocentes fueron asesinados y reportados como bajas en combate para mostrar resultados militares y obtener beneficios dentro de las Fuerzas Armadas.
Las declaraciones de Uribe también chocan con los hallazgos documentados por la Jurisdicción Especial para la Paz, organismo que ha investigado centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en diferentes regiones del país. Organizaciones de derechos humanos consideran que minimizar estos hechos representa una revictimización para las familias que aún reclaman verdad, justicia y reparación.
Mientras tanto, el debate vuelve a dividir al país entre quienes defienden el legado de seguridad del expresidente y quienes exigen que se reconozca la gravedad de los crímenes ocurridos durante esos años.
