Un caso sin precedentes en Colombia abrió un nuevo debate sobre el derecho a morir dignamente. Catalina Giraldo Silva, una psicóloga de 30 años, inició una batalla legal para que el sistema de salud le permita acceder al suicidio médicamente asistido debido a los severos trastornos mentales que asegura padecer desde hace más de la mitad de su vida.
La solicitud fue presentada ante su EPS en 2025, pero fue negada bajo el argumento de que en el país no existen normas que regulen este procedimiento. Mientras su caso avanza en los tribunales, la joven relató el sufrimiento que, según afirma, la llevó a tomar esta decisión.
“Es como una sensación de vacío con la vida. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, expresó.
De acuerdo con su testimonio, durante años ha enfrentado distintos trastornos mentales que le impiden llevar una vida normal. Catalina asegura que ha intentado múltiples tratamientos médicos y psiquiátricos, incluyendo terapias y hospitalizaciones, sin lograr una mejoría significativa.
“Es un infierno… me cansa mucho tener que estar todo el tiempo lidiando con eso. Quisiera poder apagar esas voces, apagar ese malestar”, afirmó.
La diferencia entre eutanasia y suicidio médicamente asistido ha sido uno de los puntos centrales de su solicitud. En Colombia, la eutanasia está permitida por decisiones de la Corte Constitucional y consiste en que el médico administra el medicamento que provoca la muerte. En cambio, en el suicidio médicamente asistido el profesional de la salud entrega el medicamento, pero es el paciente quien decide administrárselo.
Catalina asegura que no busca la eutanasia, sino que desea tener el control de la decisión final. “Quiero que el médico me acompañe, pero que sea yo quien tome la decisión”, explicó.
La joven también afirmó que su petición busca evitar un final traumático para sus seres queridos. “Yo he intentado acabar con mi vida de maneras impulsivas, pero tampoco quiero lastimar a mi familia. Me pregunté si hay una forma segura de hacer esto, si hay una forma en la que yo no tenga que hacerlo a escondidas”, señaló.
Según relató, cuando habló del tema con su madre y su hermana la conversación fue dolorosa, pero finalmente recibió su apoyo. “Lloramos y nos abrazamos. Ellas me dijeron que lo que les estaba pidiendo era muy difícil, pero que me iban a acompañar”, recordó.
Sin embargo, el proceso encontró un obstáculo institucional. En noviembre de 2025 su EPS respondió que no podía autorizar el procedimiento porque no existen “condiciones normativas ni operativas” para realizarlo. Ante esta negativa, Catalina interpuso una acción de tutela, pero un juez la rechazó al considerar que podría acceder a la eutanasia.
Ahora el caso podría escalar hasta la Corte Constitucional, que tendría la última palabra en una discusión que podría abrir un nuevo capítulo en el debate sobre el derecho a morir dignamente en Colombia.
Mientras espera una decisión judicial, Catalina asegura que su lucha también busca visibilizar el sufrimiento de quienes enfrentan trastornos mentales severos. “Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda… ayuda para mi familia también. Porque esto cansa mucho, y yo estoy cansada”, concluyó.
