Una anomalía estadística en la recta final del preconteo sumó más de 10.000 votos repentinos en el departamento, de los cuales cerca de 9.000 favorecieron presuntamente a un solo candidato. Equipos jurídicos denuncian graves amenazas y bloqueos durante el escrutinio.
La tensión electoral en el país se concentra hoy en el sur del territorio nacional. A escasas horas de finalizar el preconteo de los recientes comicios, las alarmas de veedurías ciudadanas y auditores políticos se encendieron tras registrarse una alteración drástica y atípica en la tendencia de votación del departamento de Nariño.
Según los reportes técnicos entregados por los equipos jurídicos de distintas campañas, el sistema reflejó un aumento abrupto e inusual de más de 10.000 votos en un lapso donde la curva de transmisión de datos ya debía estar consolidada. Lo que ha desatado las denuncias de un presunto «histórico fraude electoral» es que al revisar los formatos E14 se evidencian múltiples irregularidades en el diligenciamiento: de la repentina inyección de votos, aproximadamente 9.000 terminaron sumándose a favor de un único aspirante, el candidato Eduardo Enríquez Caicedo, candidato al Senado del partido En Marcha inscrito en la Coalición Alianza Verde.
Esta anomalía estadística, que rompe con cualquier proyección matemática normal a esa hora del conteo, ha provocado que las comisiones jurídicas de múltiples campañas se desplacen de urgencia hacia Nariño. Su objetivo es claro: exigir la revisión exhaustiva, mesa por mesa, y la verificación técnica de los datos transmitidos para confrontarlos con los formularios E-14 físicos.
Obstáculos, opacidad y amenazas en el territorio
Sin embargo, la labor de vigilancia en defensa de la democracia se ha topado con un escenario hostil. Los abogados y delegados electorales que han llegado a la región denuncian estar enfrentando una barrera sistemática de obstáculos que les impide acceder a los recintos de escrutinio y verificar la información de manera transparente.
La situación ha escalado a un nivel crítico de seguridad. Diversos equipos de auditoría han manifestado estar siendo víctimas de amenazas graves e intimidaciones directas tras su llegada a municipios neurálgicos y de difícil acceso como Pasto, Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán, entre otros.
Ofensiva legal y llamado nacional
Frente a la vulneración de las garantías electorales y el riesgo inminente para la vida de los delegados, los candidatos y movimientos políticos afectados han comenzado a desplegar una ofensiva en los tribunales, interponiendo acciones de tutela y otros recursos jurídicos de emergencia para frenar cualquier consolidación viciada de los resultados.
Simultáneamente, a través de plataformas digitales y redes sociales, se ha elevado un llamado urgente y unificado exigiendo la intervención inmediata de las máximas autoridades. Las campañas solicitan al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Presidencia de la República que brinden medidas de seguridad perimetral en los puntos de escrutinio, esclarezcan esta cuestionable alteración en las cifras y garanticen que la voluntad popular de los colombianos no sea manipulada en las mesas de Nariño.
