Un nuevo escándalo ha sacudido a la Policía Nacional de Colombia, revelando profundas fallas en sus mecanismos de verificación y control de personal. La historia, que parece salida de una trama de suspenso, tiene como protagonista a Karen Lorena Rodríguez, una patrullera que, aprovechando su imagen institucional y su puesto como jugadora del equipo de fútbol femenino de la institución, logró engañar a sus superiores y hacerse pasar por médica en el Hospital Central de la Policía en Bogotá.
Rodríguez, quien estaba destinada a labores de vigilancia en Santa Marta, solicitó un traslado asegurando ser una médica graduada de la Universidad Javeriana. Sin que se realizaran las verificaciones adecuadas, el cambio fue aprobado, y la patrullera comenzó a desempeñarse como profesional de la salud en la principal unidad médica de la Policía. Durante más de seis meses, Rodríguez atendió pacientes, recetó medicamentos e incluso firmó documentos médicos, sin que nadie pusiera en duda su idoneidad para tal tarea.
El engaño, que parece increíble, salió a la luz solo cuando la propia Policía detectó irregularidades en los documentos presentados por la falsa médica. La Dirección de Sanidad verificó las credenciales y confirmó que Rodríguez había presentado títulos falsos, lo que motivó una denuncia penal en su contra.
Lo más alarmante de este caso no es solo la actuación fraudulenta de la patrullera, sino la vulnerabilidad de un sistema que permitió que alguien sin la debida formación profesional operara en un puesto tan delicado. La crítica interna es feroz: fuentes del Hospital Central han expresado su asombro por la facilidad con la que Rodríguez logró burlar los controles. «Estuvo desde julio hasta enero, atendía pacientes, recetaba y nadie dijo nada. Algo muy grave pasó en este caso», comentaron algunos empleados del hospital.
Este escándalo no es un caso aislado. En 2023, se descubrió otro falso médico en Barranquilla, quien también operó como profesional de la salud dentro del sistema de la Policía, atendiendo pacientes y firmando actas de defunción sin contar con los títulos necesarios. El hecho pone de manifiesto una preocupante tendencia dentro de la institución.
El hecho ha generado una nueva crisis de confianza dentro de la Policía Nacional. Si bien la institución ha iniciado una investigación a través de la Fiscalía, con la intención de esclarecer cómo pudo ocurrir este fraude y establecer responsabilidades, lo cierto es que el daño ya está hecho. Los ciudadanos y miembros de la Policía ahora se enfrentan a la incómoda realidad de que el sistema de selección y supervisión de personal, que se supone debe garantizar la seguridad de todos, está plagado de fallas.
Es hora de que la Policía Nacional se tome en serio la reforma de sus protocolos de verificación y control. La salud y la seguridad de los ciudadanos no deben ser una moneda de cambio para la burocracia. La falta de rigor en los procesos de selección y la debilidad de los mecanismos internos no solo han puesto en riesgo la vida de los pacientes, sino que también han debilitado la confianza en una de las instituciones más importantes del país. Si no se toman medidas inmediatas y efectivas, la Policía podría verse envuelta en nuevos escándalos, con consecuencias aún más graves.
