En medio de la batalla más crítica de su vida tras el atentado sufrido el pasado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, enfrenta una nueva arremetida, la radicación de una demanda de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado.
La denuncia fue presentada por la Confederación Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) y el Sindicato de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Sinsergen), encabezada por su presidente, Carlos Alberto Sánchez Gras. El escrito acusa a Uribe de haber realizado actividades de precampaña, reuniones, discursos públicos y publicaciones en redes el mismo día del atentado en Fontibón, lo cual supuestamente constituyó una “violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades” y “una causa de pérdida de investidura” según el artículo 183, numeral 1º de la Constitución
Los demandantes sostienen que estas acciones expusieron no solo su vida, sino también crearon un “acto de imprudencia” que facilitó el ataque. Adicionalmente, argumentan que, a pesar del atentado, Uribe podría ser responsable de los hechos por su presunta conducta impropia como servidor público.
La demanda ya fue admitida y asignada al magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado. El alto tribunal evaluará en los próximos días si avanza el proceso contra el senador.
La bancada de su partido rechazó con firmeza la acción. La senadora María Fernanda Cabal tildó la denuncia de “infame y oportunista”, calificándola como “acto insensible” que ni siquiera merece el calificativo de oportuno. Por su parte, Carlos Meisel la calificó de “una afrenta” dirigida a un hombre que no puede defenderse mientras está gravemente herido. El comunicado del partido remarca la indignación por una iniciativa que retrata una “instrumentalización burda de la justicia” y una intención de “revictimizar” al senador.
Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un ataque sicarial cuando participaba en un mitin del Centro Democrático en Fontibón, Bogotá. El agresor, un adolescente, le disparó en la espalda, hiriéndolo gravemente: sufrió dos impactos en la cabeza y uno en la pierna.
Desde entonces, se encuentra en estado crítico en la Fundación Santa Fe, con pronóstico reservado, atendido en una unidad de cuidados intensivos.
La Fiscalía ha capturado al presunto sicario y otros tres implicados en la planeación y ejecución del atentado. Se investiga la posible participación de disidencias de las FARC, en particular la Segunda Marquetalia, como brazo ejecutor del ataque.
Mientras tanto, miles de ciudadanos han salido a las calles, en marchas pacíficas para rechazar la violencia política; en Bogotá y otras ciudades se reportaron más de 70.000 personas en la llamada “Marcha del Silencio” del 15 de junio.
El caso representa un cruce de rutas entre la política y la justicia: mientras la demanda busca sancionar un presunto uso indebido del cargo, el proceso llega cuando el senador se encuentra incapacitado para defenderse y bajo observación médica constante.
El Consejo de Estado deberá decidir si prosigue la acción legal en medio de una situación excepcional. Además, este caso agudiza el debate nacional sobre los límites entre la actividad política legítima y la campaña anticipada. Para muchos, la demanda resulta impensable en este contexto, mientras que otros argumentan que los principios éticos deben prevalecer siempre, incluso en momentos de crisis personal.
