La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó y confirmó la captura de Iván Name, expresidente del Senado, y Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, por su presunta participación en un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
¿Quiénes son Iván Name y Andrés Calle?
Iván Name es un veterano político perteneciente al Partido Alianza Verde, con una larga trayectoria legislativa y reconocido por su influencia en el Senado. Andrés Calle, miembro del Partido Liberal, ha tenido un papel protagónico en la Cámara de Representantes. Ambos lideraron sus respectivas cámaras durante la anterior legislatura.
Las acusaciones
Según las investigaciones de la Corte Suprema, Name y Calle habrían recibido sobornos por valores de 3.000 y 1.000 millones de pesos, respectivamente. Estos dineros habrían provenido de contratos irregulares adjudicados por la UNGRD para la compra de carrotanques destinados a suministrar agua en el departamento de La Guajira.
Se presume que estos fondos fueron utilizados para acelerar la aprobación de reformas impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los exfuncionarios de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, actualmente privados de libertad, señalaron a Name y Calle como beneficiarios directos de estos pagos ilícitos.
Reacciones y consecuencias
Tras las capturas, ambos congresistas han negado las acusaciones en su contra. Iván Name sostuvo que «no existen pruebas» que lo involucren directamente y expresó su confianza en que el proceso judicial demostrará su inocencia. Andrés Calle, por su parte, afirmó no haber participado en procesos de contratación irregular y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.
El Partido Liberal inició una investigación disciplinaria interna contra Andrés Calle, mientras que en el Partido Alianza Verde crecen las presiones para que se adopten medidas similares frente a Iván Name.
Este escándalo ha provocado una profunda crisis política en el país, afectando el ritmo de las reformas legislativas propuestas por el gobierno y aumentando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.
Las investigaciones continúan su curso, y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas judiciales y responsabilidades penales contra los implicados.
