El Tribunal Superior de Bogotá revocó la medida de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata. La decisión, emitida por la Sala de Decisión Penal, ampara el derecho fundamental a la libertad individual del exmandatario.
En el fallo, de 38 páginas, los magistrados instruyeron a la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, expedir de manera inmediata la boleta de libertad. El Tribunal dejó sin efecto la orden de captura que la funcionaria había dictado tras condenar a Uribe a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La corporación cuestionó los fundamentos de la juez Heredia, señalando que los criterios usados para justificar la privación de la libertad fueron “vagos, indeterminados e imprecisos”. Argumentos como “la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante, la convivencia pacífica y el orden social” fueron calificados como desatinados, ya que las conductas atribuidas al exmandatario afectaron a personas específicas y no al conjunto de la sociedad.
El fallo también advirtió que la valoración sobre la personalidad de Uribe fue subjetiva, lo cual vulnera principios del derecho penal colombiano. “El sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas ni características”, señala el pronunciamiento.
Los magistrados subrayaron que prevalece la presunción de inocencia hasta que la sentencia condenatoria quede en firme. Por tanto, consideraron desproporcionada la decisión de la juez de imponer una medida privativa de la libertad en primera instancia, desconociendo el principio de igualdad ante la ley y la proporcionalidad.
En el proceso, la juez Heredia había sentenciado a Uribe a 144 meses de prisión (12 años), además de una multa de 2.420 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por ocho años y cuatro meses. Aunque le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, su ejecución estaba condicionada al pago de una caución de cuatro salarios mínimos.
Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el expresidente queda en libertad mientras se resuelve el recurso de apelación presentado contra la sentencia.
