La creciente violencia que golpea a la capital de Norte de Santander estaría directamente relacionada con el conflicto armado en la región del Catatumbo. Así lo reconoció el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aseguró que la disputa entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc se ha trasladado hacia Cúcuta y su área metropolitana.
El pronunciamiento se dio tras un consejo de seguridad realizado en la ciudad, luego de la ola de homicidios registrada durante el último mes. Según el funcionario, estos hechos estarían ligados a la confrontación entre los grupos armados ilegales que operan en la región fronteriza, escenario histórico de enfrentamientos y operaciones militares.
El jefe de la cartera de Defensa sostuvo una reunión con el alcalde Jorge Acevedo, autoridades departamentales y mandos militares y policiales, con el fin de definir acciones para recuperar la seguridad. Entre las medidas anunciadas se destacan el aumento del pie de fuerza, operaciones conjuntas en puntos críticos y la revisión de órdenes de captura contra integrantes del frente 33, estructura señalada de participar en los recientes hechos violentos.
Asimismo, se anunció el fortalecimiento de patrullajes y la implementación de “planes candado” para prevenir posibles acciones terroristas en la ciudad. “No vamos a tolerar que los grupos criminales intenten, con terror y homicidios, apoderarse del espacio que pertenece a los nortesantandereanos”, afirmó Sánchez.
El ministro también indicó que se reforzará la articulación entre la fuerza pública, la Fiscalía y las autoridades locales, destacando que 14 de las 23 víctimas de homicidio en el último mes tenían antecedentes judiciales. Además, señaló que se avanzará en la cooperación con Venezuela para combatir a las estructuras criminales que operan en la frontera, en línea con recientes acuerdos binacionales en materia de seguridad.
Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a las líneas 157 o 107, y a los números 147 y 165 en casos de extorsión.
Pese a los anuncios, líderes sociales y defensores de derechos humanos manifestaron su preocupación y escepticismo frente a las estrategias planteadas. Aseguran que la violencia del Catatumbo lleva más de un año intensificándose y ya impacta directamente a Cúcuta, especialmente por la llegada de personas desplazadas que terminan siendo víctimas de persecución por parte de grupos armados.
Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, advirtió que hacen falta acciones más contundentes para frenar la crisis. “Ya no es un secreto que la guerra del Catatumbo se trasladó a Cúcuta. Se requieren medidas claras para proteger a la población”, señaló.
La situación de orden público en la región sigue siendo crítica, en medio de una disputa armada que ha dejado desplazamientos, homicidios y un clima creciente de inseguridad tanto en zonas rurales como urbanas del nororiente colombiano.
