La movilidad eléctrica en Colombia avanza a toda marcha, pero no precisamente por un camino libre de obstáculos. Con la entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025, el país le pone freno a la informalidad en el uso de motos eléctricas, imponiendo reglas que, para muchos, llegan tarde, pero con un alto costo para quienes no se adapten.
Durante años, estos vehículos se movieron en una especie de “zona gris”: sin controles estrictos, sin mayores exigencias y, en muchos casos, sin responsabilidades claras. Hoy, el panorama cambió radicalmente. Si su moto eléctrica se comporta como una motocicleta tradicional, la ley ya no hace distinciones.
Desde 2026, los conductores de motos eléctricas deberán cumplir prácticamente con los mismos requisitos que cualquier motociclista:
- Licencia de conducción categoría A1
- SOAT vigente
- Revisión técnico-mecánica al día
- Uso obligatorio de casco certificado, chaqueta reflectiva y guantes
Además, se acabaron los atajos: queda prohibido circular por andenes, ciclorrutas o zonas peatonales. La vía es una sola: el carril vehicular.
El problema no es solo la norma, sino el costo de ignorarla. Las sanciones superan fácilmente el millón de pesos, una cifra que contrasta con el argumento principal de quienes optaron por estos vehículos: el ahorro.
- Sin licencia o sin SOAT: cerca de $1.750.000
- Sin revisión técnico-mecánica: alrededor de $875.000
- No portar la licencia: aproximadamente $466.000
A esto se suma la posible inmovilización del vehículo, que convierte una infracción en un gasto aún mayor.
Aunque la medida busca ordenar el creciente uso de motos eléctricas y mejorar la seguridad vial, también deja al descubierto una falla estructural: el Estado permitió durante años su expansión sin reglas claras, y ahora impone controles estrictos de golpe.
El discurso oficial es claro: no importa si el vehículo no usa gasolina, las responsabilidades en la vía son las mismas. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es si el país estaba preparado para este cambio o si, una vez más, la regulación llegó después del problema.
Lo cierto es que, en medio del impulso hacia una movilidad más limpia, Colombia enfrenta un reto clave: equilibrar sostenibilidad con control, sin que el costo termine recayendo como suele pasar únicamente en el bolsillo de los ciudadanos.
