A pocos meses de finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 0563 de 2026, con el que pone fin al esquema excepcional de seguridad que durante años acompañó al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La decisión reduce un dispositivo que llegó a contar con cerca de 330 hombres entre escoltas, policías y militares, además de vigilancia permanente en varias de sus propiedades. Mantener este esquema representó para el Estado costos cercanos a los 15.000 millones de pesos anuales.
Con la nueva medida, todos los expresidentes tendrán condiciones de protección similares, eliminando privilegios que durante años diferenciaron a Uribe del resto de exmandatarios. Mientras algunos defienden el recorte como una medida de equidad y austeridad, otros advierten sobre los riesgos de disminuir la seguridad de una de las figuras políticas más influyentes y polémicas del país.
El debate queda abierto: ¿se trata de una decisión administrativa para acabar con tratamientos especiales o de una medida con fuerte carga política en el ocaso del gobierno Petro?
