Casi tres décadas tuvieron que pasar para que la justicia colombiana volviera sobre uno de los episodios más sangrientos del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Esta vez, el fallo fue contundente: 37 años de prisión contra ‘Iván Márquez’, exjefe guerrillero y antiguo integrante del secretariado de las FARC, por el asesinato de cuatro militares en zona rural de Turbo, Antioquia, en 1997.
La sentencia responsabiliza a Iván Márquez cuyo nombre real es Luciano Marín Arango de haber ordenado la acción armada que terminó con la vida de los uniformados en medio de una ofensiva insurgente en una de las regiones más golpeadas por la guerra. El fallo lo condena por homicidio agravado y otros delitos relacionados con el ataque, en un proceso que durante años simbolizó la crudeza del conflicto en esa zona estratégica del país.
El caso no es menor. Ocurrió en pleno auge de las confrontaciones entre las antiguas FARC y la Fuerza Pública, cuando Urabá era escenario de disputas territoriales, economías ilegales y retaliaciones armadas. Durante años, el expediente permaneció como una herida abierta en los despachos judiciales y en la memoria de las familias de las víctimas.
La condena llega en un momento en el que Márquez ya no forma parte del proceso de paz firmado en 2016 con el Estado colombiano y figura como cabecilla de la llamada Segunda Marquetalia. Aunque su paradero sigue siendo incierto y la decisión judicial no implica de inmediato su captura efectiva, el fallo sí representa un mensaje claro: la responsabilidad penal por los crímenes del pasado no desaparece con el paso del tiempo ni con los reacomodos políticos.
En Turbo, donde la violencia dejó cicatrices profundas, la noticia revive recuerdos que muchos quisieran mantener cerrados. Pero también reabre el debate sobre la justicia tardía: ¿llega cuando ya es simbólica o sigue siendo necesaria aunque pasen los años?
Lo cierto es que la sentencia fija una cifra concreta 37 años que contrasta con las décadas de impunidad percibida. Tarde, sí. Pero en este caso, la justicia decidió no archivar la memoria.
