La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato firmado en 2007 para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.
El contrato, cuyo valor superó los 650 millones de pesos, contemplaba la adquisición y distribución de 130.000 juguetes. Sin embargo, según el ente acusador, únicamente se habrían entregado cerca de 36.000, lo que encendió las alertas sobre posibles irregularidades en la planeación y ejecución del proyecto.
De acuerdo con la investigación, el proceso contractual habría presentado deficiencias desde su estructuración. La Fiscalía sostiene que no existió un censo claro de los beneficiarios ni estudios previos sólidos que justificaran la inversión.
Además, la adjudicación se realizó de manera directa a una fundación que, según el expediente, no contaba con la capacidad operativa ni la experiencia necesaria para ejecutar un contrato de tal magnitud.
Uno de los puntos más delicados del caso está en la ejecución del contrato. El ente investigador asegura que, además de no cumplirse con la cantidad de juguetes pactada, se habría modificado el valor unitario de los mismos, lo que habría permitido una apropiación indebida de recursos públicos cercana a los 416 millones de pesos.
El dinero, que estaba destinado a convertirse en regalos navideños para miles de niños, habría terminado, presuntamente, generando un detrimento patrimonial para el departamento.
La acusación fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que deberá adelantar el juicio correspondiente, debido al fuero que cobijaba al exmandatario para la época de los hechos.
Los delitos imputados son peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso reabre el debate sobre los controles en la contratación pública en Santander durante esos años y deja en evidencia las preguntas que aún esperan respuesta: quién vigiló la ejecución, quién certificó las entregas y quién debía responder por los faltantes. Mientras avanza el proceso judicial, el expediente recuerda que detrás de las cifras había miles de niños esperando un juguete que, según la Fiscalía, nunca llegó.
