En un país donde las encuestas han dejado de ser simples mediciones estadísticas para convertirse en herramientas de poder y estrategia electoral, el presidente Gustavo Petro sancionó la nueva Ley de Encuestas, una norma que promete ordenar el panorama, pero también levanta preguntas sobre sus implicaciones.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció la sanción asegurando que esta ley fortalece la vigilancia del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre las encuestadoras y regula su publicación en tiempos preelectorales. La iniciativa fue presentada por congresistas de diversos sectores, como Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia, lo que evidencia un raro consenso político en torno a la necesidad de «limpiar» el uso de los sondeos.
Entre los cambios más significativos está la restricción de tiempos para divulgar encuestas de intención de voto, que ahora solo podrán publicarse tres meses antes del inicio del periodo de inscripción de candidaturas. Además, las mediciones deberán incluir a todos los candidatos oficialmente inscritos, lo que busca evitar manipulaciones y favoritismos.
Sin embargo, la ley va más allá: obliga a las firmas encuestadoras a entregar grabaciones, formularios y bases de datos al CNE, e impone la implementación de sistemas de ciberseguridad avanzados, bajo amenaza de sanciones. Es decir, no solo regula el «cuándo», sino el «cómo» y el «con qué» se construyen las encuestas, poniendo el foco sobre la transparencia… o el control.
Para el exregistrador Alfonso Portela, la medida puede ser positiva si se entiende como un intento por evitar el uso irresponsable de sondeos que terminan influyendo más que informando, sobre todo en redes sociales donde cualquier número se convierte en verdad absoluta. “Lo que estamos viendo con esta regulación es que no todo puede llamarse encuesta nacional o departamental. Hay que tener rigor técnico”, aseguró
No obstante, Portela también advirtió que Colombia vive en una campaña permanente, y que estas limitaciones podrían terminar afectando la dinámica democrática si no se aplican con equilibrio.
Aunque el objetivo declarado es combatir la desinformación y profesionalizar las encuestas, algunos analistas ya cuestionan si este tipo de normativas no podrían usarse también para restringir la libertad de expresión o favorecer narrativas oficiales, especialmente en un país donde la confianza en las instituciones electorales ha sido frágil.
La ley entra en vigencia de inmediato. El tiempo dirá si es una herramienta para fortalecer la democracia o una puerta abierta al control del discurso político.
