El país se prepara para una de las discusiones económicas más importantes del año: la definición del salario mínimo para 2026. Aunque la decisión final se conocerá en los últimos días de diciembre, los analistas ya trazan tres posibles escenarios: uno mesurado, otro intermedio y uno alto, cada uno con implicaciones distintas para los trabajadores y las empresas.
El escenario mesurado
El Gobierno nacional ha insistido en que el incremento será en términos reales, es decir, por encima del índice de precios al consumidor (IPC), que en agosto se ubicó en 5,10%.
Si el ajuste se realizara hoy con base en ese indicador, el aumento rondaría el 5%, dejando el salario mínimo en cerca de $1.494.000. Este escenario, considerado prudente, permitiría mantener el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad de las micro y pequeñas empresas.
El escenario intermedio
Para la presidenta de la junta directiva de Acopi, María Elena Ospina, un incremento razonable debería situarse alrededor del 6,5%, tomando como referencia la inflación esperada para 2026 (4%) y la productividad.
Con ese cálculo, el salario mínimo quedaría en $1.516.000, una cifra que muchos expertos califican como el punto de equilibrio: suficiente para mejorar el ingreso de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias ni sobrecostos empresariales.
El escenario alto
En el otro extremo, algunos sectores proponen repetir el incremento del 9,5% decretado para 2025, lo que elevaría el salario a $1.559.000. Esta opción ha sido mencionada por el propio presidente Gustavo Petro, pero genera controversia entre los analistas.
El exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera advirtió que “la decisión del aumento ha pasado a ser más política que técnica”, y recordó que en años anteriores el ajuste se sustentaba en estudios del Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y el DANE.
Según Cabrera, un incremento tan alto podría tener efectos negativos en el segundo semestre de 2026, como el aumento de la inflación y de los costos para las pequeñas empresas, lo que incluso podría traducirse en una reducción del empleo formal.
En los próximos meses, Gobierno, empresarios y centrales obreras se sentarán a negociar. La meta será encontrar el punto justo entre la justicia salarial y la sostenibilidad económica, en un contexto en el que cada peso adicional puede marcar la diferencia para millones de hogares colombianos.
