El debate sobre el cannabis volvió a encender el Congreso de la República. Esta vez, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate un nuevo proyecto de ley que busca regular el consumo y la comercialización del cannabis de uso adulto en Colombia, una iniciativa que durante años ha quedado atrapada entre discursos morales, intereses políticos y promesas fallidas de combatir el narcotráfico.
La propuesta, impulsada por el representante Alejandro Ocampo, plantea que el Estado controle toda la cadena del negocio: cultivo, distribución y venta. Según el texto, el cannabis solo podría comercializarse en establecimientos autorizados y exclusivamente para mayores de edad, bajo un sistema de trazabilidad que permita seguir el producto desde su siembra hasta el consumidor final.
Sin embargo, más allá del discurso de regulación responsable, el proyecto vuelve a dividir al país. Mientras algunos sectores aseguran que se trata de un paso inevitable hacia un enfoque de salud pública y control estatal, otros consideran que Colombia podría terminar normalizando aún más el consumo de sustancias psicoactivas en medio de una crisis social y de salud mental que sigue creciendo silenciosamente.
La iniciativa también incluye medidas restrictivas: un impuesto del 20 % al cannabis y sus derivados, fuertes limitaciones a la publicidad y empaques con advertencias sanitarias similares a las del cigarrillo. Además, propone que buena parte de las licencias de cultivo sean entregadas a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes afectadas históricamente por el conflicto armado y las economías ilegales.
Uno de los puntos que más controversia genera es la autorización del autocultivo. El proyecto permitiría a los mayores de edad tener hasta 20 plantas de cannabis por persona, siempre que no exista intención comercial. Aunque sus defensores aseguran que esto busca quitarle terreno al mercado ilegal, críticos advierten que controlar realmente esos límites será una tarea casi imposible para las autoridades.
El texto también deja claro que los menores de 18 años quedarían totalmente excluidos del mercado legal y que el consumo seguiría prohibido en espacios relacionados con niños y adolescentes. Aun así, persisten dudas sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir las restricciones en un país donde incluso las normas actuales enfrentan enormes dificultades de control.
Por ahora, el proyecto apenas supera su primera prueba legislativa. Todavía deberá enfrentar varios debates más en el Congreso, un escenario donde iniciativas similares han terminado hundidas entre cálculos políticos, presiones ideológicas y un eterno choque entre quienes hablan de libertades individuales y quienes temen que el país siga perdiendo la batalla contra las drogas.
El debate apenas comienza. Y, como ya es costumbre en Colombia, el camino promete estar cargado de discursos, polarización y bastante humo político.
