La vigilancia en las calles de Colombia entra en una nueva etapa. Con cámaras corporales encendidas y procedimientos grabados en tiempo real, los agentes de tránsito comenzarán a operar bajo un modelo que promete más transparencia, pero que también abre interrogantes sobre su verdadero alcance.
Ciudades como Cali y Bogotá lideran la implementación de las llamadas bodycams, dispositivos que registrarán desde controles rutinarios hasta la imposición de comparendos. En Cali, la estrategia ya fue socializada y empieza a ejecutarse, mientras que Bogotá se suma con la misma intención: que todo quede grabado.
Sobre el papel, la medida parece incuestionable. Menos discusiones sin pruebas, menos versiones encontradas y más respaldo en caso de denuncias. Sin embargo, la pregunta de fondo no es qué se graba, sino cómo y para qué se usará ese material. Porque si bien la tecnología puede actuar como garante de transparencia, también puede convertirse en un nuevo foco de controversia si no existe un control claro sobre su manejo.
Durante años, los operativos de tránsito han sido blanco de críticas por presuntos abusos, arbitrariedades y falta de confianza ciudadana. Ahora, la apuesta institucional es que una cámara en el uniforme funcione como juez silencioso. Pero la confianza no se impone con dispositivos; se construye con reglas claras, supervisión efectiva y sanciones cuando hay irregularidades.
El reto, entonces, no está solo en encender las cámaras, sino en garantizar que no se apaguen cuando más se necesiten. La iniciativa promete expandirse a otras ciudades del país, pero deja una advertencia implícita: grabar no siempre es sinónimo de transparencia si no hay garantías sobre lo que ocurre detrás de la grabación.
En la vía, todo quedará registrado. La duda es si eso realmente cambiará el comportamiento o si será solo otra medida que, con el tiempo, termine perdiendo credibilidad.
