El asesinato del secretario de Gobierno de Pradera, José Dorien Jiménez Salazar, ocurrido el pasado martes 9 de septiembre, no puede verse como un hecho aislado ni como una simple retaliación criminal. Es, más bien, la prueba amarga de que la lucha contra el microtráfico en el Valle del Cauca sigue pagándose con vidas de funcionarios locales, mientras el Estado central permanece en deuda con los territorios.
La hipótesis que hoy sostienen las autoridades es contundente, Jiménez fue asesinado como represalia por los operativos contra expendios de droga. Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, el funcionario lideró 22 allanamientos en zonas de microtráfico, acciones que habrían incomodado a estructuras criminales y a disidencias como Adán Izquierda y el Frente 57.
El problema es que esa “valentía institucional” se queda desnuda cuando los gobiernos locales enfrentan con recursos limitados a organizaciones que se nutren de economías ilegales millonarias. La propia gobernadora lo reconoció: el departamento intenta fortalecer a la fuerza pública, pero sin apoyo suficiente del Gobierno Nacional, el esfuerzo se convierte en una batalla desigual.
El sicariato que acabó con la vida de Jiménez y que además dejó dos personas heridas, entre ellas su secretaria personal, se ejecutó en un espacio público, a plena vista, en medio de un partido de fútbol. No fue solo un atentado contra un funcionario: fue un mensaje de poder de las mafias locales, capaces de marcar territorio y de exponer la impotencia del Estado para garantizar la seguridad más básica.
La indignación no puede limitarse a la condena del hecho. El asesinato evidencia que, mientras la política de seguridad dependa del sacrificio individual de servidores locales, los criminales seguirán llevando la ventaja. Lo ocurrido en Pradera obliga a preguntarse: ¿cuántos secretarios, alcaldes o líderes sociales deben caer para que el combate al narcotráfico deje de ser una causa solitaria y pase a ser una prioridad real de la Nación?
